Miércoles, 27 Septiembre 2017 03:12

Minimizar al gobierno: la lección política de la reciente tragedia en México

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Labores de rescate en la Ciudad de México Labores de rescate en la Ciudad de México ProtoplasmaKid, usuario de Wikipedia

Uno de los principios elementales presentes tanto en el liberalismo clásico como en el libertarismo laissez faire es la solidaridad espontánea. No es una idea añadida para embellecer dichas tradiciones de pensamiento, sino una consecuencia lógica de la defensa de la libertad. Partiendo del postulado que afirma la ilegitimidad que se presenta cuando un agente nos coacciona para entregarle una fracción de nuestra riqueza por el bien común, se puede concluir que la única forma de cooperación social justa es la voluntariedad. Y esto parece sensato hasta que nos damos cuenta del grado de compromiso ideológico y coherencia en los actos que el argumento exige. Si deseamos ser consecuentes con esta conclusión, necesitamos renunciar a la convicción de que el Estado debe garantizar el bienestar social de la población. Debemos asumir la condición de indefensión inicial derivada de saber que el asistencialismo es incorrecto moralmente, toda vez que está fundamentado en el despojo de la propiedad del individuo para resolver problemas sociales que no necesariamente le importan.

En una sociedad idílica cuya totalidad de miembros forjara sus relaciones sociales en el espíritu de la abnegación absoluta, la existencia de un ente político regulador que distribuyera la riqueza no supondría mayor problema, pues todos los contribuyentes coincidirían en que el bien colectivo impera sobre el interés individual. Sin embargo, la experiencia revela que, aunque los ejemplos de renuncia en pos del bienestar ajeno son fáciles de encontrar, también es común que muchas personas antepongan sus prioridades a las de sus semejantes. No es mi deseo develar si la naturaleza humana es altruista o egoísta, pues ello corresponde a las investigaciones de la biología evolutiva y de la etología humana; no obstante, si presumimos la existencia de ambas fuerzas conductuales, considerándolas igualmente válidas, nos daremos cuenta que la mejor organización social para promover la coexistencia pacífica de los altruistas y los egoístas es la de un Estado mínimo que permita que sean los ciudadanos quienes decidan cuándo, cómo y bajo qué motivaciones cooperar, sin ejercer coerción alguna sobre aquel que únicamente se ocupe de sus asuntos. Es fundamental, desde luego, que existan reglas de juego para que el encuentro de intereses no se convierta en inicio de la agresión, es por ello que la norma fundamental para la convivencia libre debe ser el respeto a la propiedad y a la vida del otro.

Cuando las personas persiguen sus propios intereses bajo el único límite del respeto a la propiedad y a la vida ajenas, garantizado por un sistema de procuración de justicia sólido, no tienen otra opción que cooperar entre sí, de buena o mala gana. Con prontitud, los individuos comenzarán a valerse del acuerdo para desarrollar sus relaciones y lograr sus objetivos, con cláusulas de castigo ante el incumplimiento de trato. Desde luego, es preciso no caer en la inocencia de creer que el comportamiento destructivo desaparecería en este marco social, pero la reprensión oportuna del delito aunada a la ampliación del margen de interacción que otorga una organización basada en acuerdos libres y voluntarios sería un incentivo real para el sometimiento a normas mínimas. Para este fin, la justicia redistributiva debe tener un peso cada vez menor, mientras que la vigilancia de los acuerdos debe ser el objetivo principal de la autoridad, dejando el resto a la libre interacción social.

Pero, ¿es posible, además, que la inexistencia de un Estado benefactor, condición sine qua non de una sociedad de acuerdos libres, aliente la solidaridad en las situaciones en que ayudar al semejante no reporte ganancia personal alguna? La evidencia indica que sí. El caso de la tragedia que supuso el sismo del 19 de septiembre de este año en México es ejemplar. La organización espontánea de los ciudadanos maravilló a los medios de información, pues desde el sismo de 1985 no se había observado tal construcción de redes de apoyo. Rescatistas y donadores de víveres colaboraron inmediatamente sin la promesa de una recompensa más allá del reconocimiento y la satisfacción personal de aportar. La disponibilidad de las redes sociales, en especial de Facebook, fue crucial para que la información se divulgara masivamente y la ayuda superara las expectativas de pesimistas y entusiastas.

¿Cuál ha sido el papel del Estado mexicano en estos eventos desafortunados? Hay mecanismos de respuesta definidos en la normatividad, que se tradujeron, como se pudo observar, en la presencia del ejército y en la activación de distintas dependencias competentes. Sin embargo, el gobierno se vio ampliamente rebasado por la participación civil, que, a veces torpemente y en otras con más eficiencia, logró, en los primeros días, mayor socorro que la colaboración estatal. De hecho, en muchos aspectos, el Estado vino a entorpecer las labores de la iniciativa ciudadana. Es de esperar que la asignación del recurso del Fondo de Desastres Naturales se vea igualmente ralentizada por la maraña burocrática. Si el Estado debe o no ampliar sus funciones a la intervención en la tragedia nacional es un asunto que dejaré a consideración personal, sólo recalcaré que no hubo necesidad de que fuerza alguna constriñera a los particulares para solidarizarse con los afectados.

La enseñanza es clara: la cooperación social sin obligaciones legales es posible, con todo y la dificultad que supone coordinar esfuerzos espontáneos. Está claro que tal actitud de desprendimiento y ayuda mutua no necesariamente se mantiene firme en todas las actividades humanas; sin embargo, está visto que, al menos ante la desgracia masiva, el espíritu de empatía es amplio y tiene resultados prácticos y útiles. La pregunta implícita se vuelve franca y directa: ¿estaríamos dispuestos a vivir en una sociedad sin la carga de un Estado intervencionista que se adjudique la observancia del bien común a cambio de la libertad de acuerdos y la posibilidad de solidaridad espontánea?

Modificado por última vez en Miércoles, 27 Septiembre 2017 03:43
Yul Mortino

Es licenciado en Estudios Políticos y tiene el grado de maestro en Estudios Filosóficos por la Universidad de Guadalajara.