Lunes, 04 Abril 2016 06:21

¿Es justificable la censura?

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Libertad de expresión Libertad de expresión El Fisgón

En este sitio han aparecido ya algunas reflexiones acerca del tema de la censura, derivada de la corrección política que parece imperar en Internet y en las redes sociales. Coincido en líneas generales con lo que han señalado los otros colaboradores y es posible que la reflexión que comparto poco añada a lo ya dicho. En general, concuerdo que en tiempos recientes se ha generado un preocupante clima de linchamiento moral hacia aquello que es considerado ofensivo para ciertos sectores de la sociedad, lo que prácticamente torna a estos sectores invulnerables a la crítica.

Para no redundar en lo que ya se ha dicho en este espacio, lo que pretendo realizar, siguiendo la postura del filósofo Isaiah Berlin –quien señala que una de las principales tareas de la actividad filosófica es cuestionar los supuestos en los que descansan las creencias extendidas en la sociedad, es una problematización teórica de estas tendencias moralistas que pretenden corregir los pensamientos y las conductas de los seres humanos. En particular, quiero partir de la pregunta de si existe una justificación válida de la censura, lo que lleva, en primera instancia, a tratar de explicar en qué consiste ésta (aclaro que mi análisis se dirige a estos casos particulares de censura, y no entro en la cuestión de la censura ejercida por los gobiernos para acallar a la disidencia, misma que merece un tratamiento aparte).

Una forma de definir un concepto es a partir de su relación de oposición con otros conceptos. Para el caso de la censura, el concepto antagónico es el de libertad de expresión. Dado que ésta se trata de un caso particular del concepto más amplio de libertad, voy a partir de éste último. Aclaro que no entraré a detalle en los agudos problemas teóricos del concepto de libertad –v. gr. el dilema entre libertad y determinismo, dado que exceden los propósitos de este escrito y me limitaré sólo a la cuestión de los límites permisibles de la libertad.

Cualquiera que sea la definición de libertad, en principio se plantea la no coerción como uno de sus rasgos distintivos: un acto es libre si y sólo si el agente no ha sido obligado por otro agente a actuar de cierto modo. A partir de lo anterior, en la medida en que se eliminen los factores coercitivos que condicionen los actos, los individuos gozarán de mayor libertad. Pero esto genera una consecuencia problemática: la posibilidad de que los actos libres, no coaccionados, de los individuos puedan afectar a otros. Esto sugiere un límite necesario a las acciones libres: que éstas no afecten a los otros ni en su persona, propiedad o bienes (resumido en la célebre máxima juarista: “El respeto al derecho ajeno es la paz”). El liberalismo, en sus diferentes vertientes, enarbola este principio.

Habiendo reconocido que la libertad requiere un límite necesario el respeto a los otros, podemos aterrizar el problema que aquí nos ocupa: el de la libertad de expresión. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? O, en otras palabras, ¿de qué forma se violentan a otras personas por medio de la lengua? Podríamos plantear la respuesta como sigue: un individuo A excede el límite de su libertad cuando profiere en su discurso ciertas expresiones que afectan a otro individuo B (tales como los insultos, ofensas, difamaciones o tergiversaciones de las afirmaciones de B). En una situación así, B podría exigir a A o a algún intermediario entre ambos –el Estado u otras instituciones, que A sea reprendido por lo dicho. Llamaremos ‘censura’ en un sentido genérico a las acciones tendientes a restringir o impedir que un individuo profiera libremente ciertas expresiones, so pretexto de que éstas afectan a otros individuos. La justificación de la censura, en este sentido, tendrá que ver con que las expresiones proferidas realmente resultan perjudiciales, algo que el afectado tendría que probar.

No obstante, el problema comienza al momento de precisar qué clase de expresiones perjudican a terceros. Para abordar el problema, recurriré a la teoría de los actos de habla (tratando de evitar, hasta donde me sea posible, los aspectos técnicos de la teoría para facilitar la lectura). Desde este planteamiento, se señala que los actos de habla se pueden realizar de dos formas: como actos de habla directos, en los que se encuentra presente un verbo que hace patente el tipo de acto de habla (“Te prometo que haré X” es una evidente promesa, dada la presencia del verbo ‘prometer’); y los indirectos, donde el tipo de acto de habla no es patente dada la ausencia de ciertas expresiones (“Mañana haré X” es una promesa, aunque no lleve el verbo ‘prometer’ que lo haga explícito).

Ahora bien, algo curioso ocurre con los actos de habla agresivos y es el hecho de que siempre son ejecutados mediante actos de habla indirectos: insultar, amenazar, difamar o amedrentar no se ejecutan mediante el uso de estos verbos (nadie dice: “te amenazo con X”, “te insulto con Y”, “los difamo con Z”, etc.). Estos verbos caracterizan ciertas clases de actos de habla, mas no se emplean directamente en esos actos de habla. Por otro lado, tenemos una cantidad innumerable de actos locutivos que expresan actos de habla agresivos tales como las amenazas, ofensas, etc.: “eres un imbécil”, “pendejo”, “te voy a partir la madre”, “jódete”, “no te la vas a acabar”, y así sucesivamente. A pesar de que estos actos de habla no son directos en el sentido que tiene ‘directo’ en la teoría, los hablantes de español pueden identificar su fuerza ilocucionaria sin problemas. Así, aunque una ofensa no incluya el verbo ‘ofender’ en el acto de habla, puede ser  identificable por parte del oyente.

De este modo, una manera como se podría establecer una restricción justificada a la libertad de expresión es que el individuo B pueda demostrar que A ha emitido un acto de habla agresivo que alude a su persona. En términos generales, parece ser la solución al problema. Pero el diablo está en los detalles, y así nos topamos con dos problemas: 1) que el tipo de acto de habla pueda ser, en principio, identificable como agresivo; y 2) que el acto de habla afecte no a un individuo, sino a una colectividad (es decir, a ciertos grupos de individuos). Se trata, evidentemente, de dos problemas distintos: el primero es de orden lingüístico, y el segundo de orden ético.

Comencemos con el primero. Como hemos dicho, un hablante normalmente no tendrá problemas para identificar las expresiones verbales de su lengua que manifiestan insultos, difamaciones o provocaciones. Mas no siempre resulta fácil saber si se trata de este tipo de actos de habla o no. En muchas ocasiones, una expresión puede parecer un insulto cuando en realidad se trata de un sarcasmo, una ironía o un chiste. Tal fue el caso de Sean Penn en la ceremonia de los Oscares del 2015: cuando el actor estadounidense anunció que la estatuilla era para al director mexicano Alejandro González Iñárritu, dijo: “¿Quién le dio la Green Card a este hijo de perra?” Lo anterior calificaría como un insulto; sin embargo, resultó que entre Penn y González Iñárritu existe cierta amistad y, según parece, así es la forma en como se tratan ambos. En realidad, la expresión de Penn fue una manera sarcástica, pero también amistosa, de reconocer el trabajo del cineasta mexicano.

Esto nos lleva a tomar en consideración ciertos factores de orden pragmático que no habíamos tomado en cuenta hasta ahora. El acto de habla no está determinado sólo por los aspectos fonológicos o gramaticales, sino que intervienen aspectos pragmáticos como la intencionalidad del hablante, la receptividad del oyente, el contexto comunicativo, etc. En el caso de la afirmación de Sean Penn, es la intención la que determinó que la expresión tuviese un sentido diferente. De igual forma, la información contextual, por su parte, nos permite decidir si el acto de habla es directo o indirecto, si debe tomarse de forma literal o no literal. Por ende, para determinar si un acto de habla es o no agresivo se debe tomar en consideración los aspectos pragmáticos que los rodean.

El caso antes descrito es una muestra de un acto de habla que en apariencia era agresivo pero en realidad no lo fue. No es difícil pensar una situación a la inversa: un insulto, presentado de forma elegante, sutil y disimulado, puede no parecer como tal. De cualquier modo, si se cuenta con información relativa a la intencionalidad del hablante, el contexto en el que se emite y otros datos, se puede elucidar el tipo de acto de habla cuando éste no es transparente. Las dificultades surgen cuando no se cuenta con esa información o el que interpreta el acto de habla la pasa por alto pese a que ésta pueda estar disponible.

Creo que esto es lo que ocurre con la censura políticamente correcta. Los internautas que fungen como vigilantes de las buenas costumbres posmodernas hacen sonar las alarmas ante la mínima sospecha de ofensa, insulto o cualquier agresión verbal hacia la pluralidad racial, sexual, etc. Pero lo que parece ser una ofensa no necesariamente lo es, tal como lo vimos en el caso de Sean Penn. El problema con los censores de la corrección política es que no reconocen que los actos de habla pueden o no ser literales y, desde luego, no consideran los factores pragmáticos como la intencionalidad o el contexto comunicativo. En consecuencia, si no se toman en cuenta estos factores y se emite un veredicto censor sin análisis de fondo, el clamor de censura estará totalmente injustificado.

Pero ya que hemos entrado al tema de la censura políticamente correcta, paso al segundo problema. La caracterización de la libertad de expresión y la posible justificación de la censura la he formulado en términos individuales. Esto se debe a que, en principio, quien estima que lo dicho es una ofensa o un insulto es justamente el individuo que ha sido afectado. Esto es, sin duda, una trivialidad, pero no resulta tan trivial cuando lo vemos en relación con el siguiente problema: ¿qué ocurre cuando los actos de habla agresivos aluden a una colectividad?

Como se ha visto previamente, cuando un hablante emite expresiones denigrantes o insultantes hacia ciertos grupos humanos (“¡Malditos negros!” “¡Pinches indios!”, etc.), no deja lugar a dudas de que se trata de actos de habla agresivos –y, aun en estos casos, hay que considerar contextos donde estas expresiones no sean actos directos, como pueden ser las ironías. Habrá expresiones opacas que sólo la información acerca del contexto comunicativo y la intención del hablante puedan esclarecer.

Pero está también el problema de cómo saber si un colectivo de individuos considera que el acto de habla les resulta ofensivo o insultante. Aquí hay un riesgo de incurrir en la falacia de generalización, al asumir que todos los individuos reaccionarán del mismo modo a los mismos estímulos. Esto atañe a otro factor pragmático a considerar: la receptividad del oyente. Ante un insulto generalizado, algunos podrán reaccionar furiosamente exigiendo la censura, mientras que otros podrán considerar que es dar demasiado importancia y preferirán ignorarlo. Sólo si contáramos con datos estadísticos que mostrasen una tendencia general al interior de un grupo, que revelara que un alto porcentaje considera que tal o cual expresión les resulta ofensiva, tal vez podría justificarse la censura.

Hay también otro intento de justificar la censura que consiste en señalar que ciertas expresiones verbales o manifestaciones culturales –como el cine, los videos musicales, los videojuegos, los cómics, etc. inducen a conductas peligrosas, como la violencia de género o crímenes de odio. Desde luego, la idea de que tales expresiones producen estos efectos supone dos cosas: 1) que los sujetos son enteramente pasivos y sus cerebros pueden ser programados enteramente por estímulos externos, lo que los lleva a actuar como autómatas, y 2) que la receptividad de los sujetos es totalmente homogénea, por lo que todos reaccionarán del mismo modo ante los mismos estímulos. Mas es difícil sostener ambos supuestos. Los censores políticamente correctos tendrán que demostrar científicamente que existe semejante determinismo, aunque el hecho de que los sujetos reaccionan de diferentes modos ante los mismos estímulos ya es suficiente para cuestionarlos.

En términos generales, los censores de la corrección política condenan los perjuicios en contra de ciertos sectores, sin tomar en cuenta si los individuos que forman parte de dichos sectores son realmente afectados. Los censores se ponen en la posición de las víctimas, y a su vez, en la posición de jueces. Sin embargo, para poder justificar la censura, tendrán que aportar razones poderosas, lo que exige, en primera instancia, que demuestren que al menos una mayoría al interior de estos grupos considera que ciertas expresiones o discursos les afectan de alguna manera. Y aun en este escenario, ¿acaso no vale la opinión del 1% que pudiera estar en contra de la censura?

He comenzado este escrito planteando la pregunta de si es justificable la censura. Hasta ahora, la querella individual parece ser el caso donde pueda darse la justificación más fuerte, siempre y cuando el individuo pueda probar que hay un acto de habla agresivo en su contra y que lo perjudica de alguna u otra forma. Cuando se lleva al plano colectivo, las cosas se complican, pues se asume que todos los individuos se sienten perjudicados por igual y, en consecuencia, se justificaría la censura. No sostengo que la censura en este plano sea totalmente improcedente, simplemente quiero señalar las dificultades que surgen cuando ciertos individuos se colocan a sí mismos como portavoces o representantes de colectivos o de la sociedad entera.

Lo anterior muestra una de las estrategias retóricas más usuales en el discurso político, que es pretender justificar ciertas acciones en el nombre de la nación o la sociedad, o en los casos de la corrección política, en nombre de una minoría amenazada. Así, los censores pueden exigir, en nombre de un grupo vulnerable, que ciertos discursos o manifestaciones culturales sean prohibidas. Se puede, en primera instancia, cuestionar la legitimidad de los censores para actuar como representantes o incluso como defensores de ciertos grupos. Pero me interesa más mostrar un supuesto detrás de esta estrategia: asumir que los individuos de la sociedad, sean miembros o no de los grupos vulnerables, carecen de la capacidad de juzgar por sí mismos, por lo cual la censura se torna necesaria.  Dicho en otros términos, los censores presuponen que los integrantes de la sociedad son como niños a quienes hay que señalar qué deben ver, escuchar y leer, aunque los procedimientos y las formas de actuar son diferentes. Estas posturas no son, en el fondo, muy distantes de las pretendidas justificaciones de las dictaduras fascistas o socialistas, que, en nombre de la raza, la nación o la lucha proletaria internacional, operaban la más férrea censura. Semejantes supuestos difícilmente resultan compatibles con una sociedad democrática, que aspira a crear más espacios de libertad y participación ciudadana.

En el fondo, se trata del mismo supuesto determinista que se adopta cuando se cree que la violencia es inducida por videojuegos o shows televisivos: los sujetos son meros receptores pasivos cuyas conductas y pensamientos pueden ser completamente moldeados por los medios u otros sistemas sociales. Muestra de ello es este pasaje del artículo de Mónica Montaño “Alertas de género y de música violenta” (Proyecto Diez, 01/04/2016), en el que la autora define la ‘violencia simbólica’ como “aquella carga cultural que nos hace ver ciertas cosas como normales, que nos van adoctrinando para aceptar ciertas conductas sin que tengamos la capacidad de hacer una discriminación racional de la información recibida”. Como señalé anteriormente, estas aseveraciones exigen pruebas contundentes que permitan mostrar cómo se dan los mecanismos de manipulación o adoctrinamiento. Lamentablemente, los teóricos de humanidades se limitan a suponer esta clase de determinismo social estricto sin explicarlo.

Por otro lado, considero peligroso que ciertos individuos se asuman como vigías morales de los discursos y expresiones culturales. Hasta hace unos años, la vieja guardia conservadora encendía las antorchas ante cualquier cosa que atentara contra la moral cristiana, la familia y las buenas costumbres. Hoy, la censura se hace en nombre de la diversidad de formas de vida. Pero el principio es el mismo: la existencia de una élite que juzga lo que puede ser mostrado en el ámbito público. La pregunta es: ¿necesitamos que existan tales élites? ¿No podemos decidir por nosotros mismos?

Concluyo mi escrito aclarando ciertas cosas. Estoy en contra de la discriminación racial, sexual y social, y considero que se deben tomar medidas para evitar estos prejuicios. Pero no creo que la solución sea la censura. El verdadero reto para una democracia en el siglo presente es vislumbrar las estrategias para eliminar los prejuicios sin atentar contras las libertades individuales. ¿Es posible esto? No tengo una respuesta. Mas, en definitiva, me opongo categóricamente que ciertos grupos minoritarios se proclamen como vigías morales de la sociedad.

Modificado por última vez en Martes, 05 Abril 2016 18:10
Luis Enrique Ortiz

(Oaxaca de Juárez, Oax./ 1979) es licenciado en filosofía y maestro en lingüística aplicada. Actualmente es profesor de tiempo completo asistente C del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, con reconocimiento de Perfil PROMEP, y miembro del Cuerpo Académico de Retórica, Lógica y Teoría de la Argumentación. Sus líneas de investigación son epistemología, filosofía del lenguaje, argumentación y lingüística.