Jueves, 13 Febrero 2020 17:27

¿El “neoliberalismo” pone en peligro la educación pública?

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¿El “neoliberalismo” pone en peligro la educación pública?

 

Por: Luis Enrique Ortiz Gutiérrez

 

 

Un fantasma recorre el país: el fantasma del neoliberalismo. A su paso, este fantasma ha desmantelado al Estado de Bienestar, privatizando todas las empresas que otrora pertenecían al pueblo. Su siguiente víctima es el sistema de educación pública, al que se ha impuesto su lógica mercantil, convirtiendo a los profesores en simples capacitadores de los futuros proletarios e imponiendo sus valores como la eficiencia y la competitividad. Pero éstos son los primeros movimientos para lograr su estocada final: la privatización de las escuelas públicas.

Lo anterior es un compilado de lugares comunes que suelen escucharse cuando se discuten los problemas de la educación al interior de la academia. En efecto, un gran número de profesores y estudiantes del sector público están plenamente convencidos que la política educativa está orientada por una siniestra conspiración neoliberal para acabar con la educación pública. Su principal argumento es que la dirección del sistema educativo se basa en los métodos, objetivos y procedimientos de las empresas privadas.

¿Esto es así? Sin lugar a dudas enfrentamos múltiples problemas en la educación pública, y al igual que muchos de mis colegas y alumnos, me parece que encontrar las formas de solucionarlos es urgente, considerando la triste realidad de nuestro país, que no es desconocida para nadie. La cuestión es saber si no estamos dando “palos al aire” y que las verdaderas causas del desastre educativo se nos estén escapando. Antes de entrar en detalle en lo que considero que podrían ser algunas de sus causas, aclaro que las reflexiones que desarrollaré a continuación se refieren principalmente a la educación superior –que es donde me desempeño-, por lo cual no deben generalizarse, si bien puede ser que existan ciertos rasgos comunes con los otros niveles educativos.

Si analizamos un poco a detalle las reglas y procedimientos del actual sistema educativo, al menos en el nivel superior, lo que hallamos es que, más que tratarse del capitalismo de laissez faire -que es lo que se suele evocar con la ambigua expresión “neoliberalismo”-, nuestro sistema se parece más al llamado socialismo real, o si se quiere, al socialismo soviético. Veamos esto con detalle.

En primer lugar, la educación está dirigida y orientada por un modelo de planificación central, estrictamente jerarquizado, donde los planes y decisiones se van ejecutando según el orden de la estratificación. La burocracia planificadora define e impone la distribución de los recursos, las reformas curriculares, el diseño de planes de estudio, etc., sin consultar a los directamente involucrados, esto es, los docentes, y sin tomar en cuenta los problemas específicos que se presentan desde las mismas aulas. La cuestión es simple: la burocracia ordena y los demás ejecutan las órdenes.

En segundo lugar, está la cuestión de los incentivos. Uno de los tópicos de la retórica de la “neoliberalización” de la educación pública es que se pretenden imponer valores como la “eficacia”, para explotar más arduamente a los trabajadores académicos. Ahora bien, en las economías de mercado, uno de los mecanismos utilizados para incrementar la eficacia es mediante incentivos positivos (los empleados que trabajen más reciben ciertas recompensas, por ejemplo). Ciertamente, en la educación superior se han implementado ciertos incentivos positivos en la forma de beneficios económicos extras que se suman al salario recibido (v.gr., los programas de estímulos académicos, el ingreso a programas externos de investigación como el Sistema Nacional de Investigadores, etc.). Pero estos incentivos están organizados siguiendo la dinámica propia de la planificación central: los docentes e investigadores deben cubrir un sinnúmero de trámites burocráticos para poder acceder a estos recursos; trámites que, en la mayoría de los casos, exigen una gran inversión de tiempo que podría dedicarse a la docencia y la investigación.

Además, el acceso a estos incentivos está restringido debido a que la cantidad de recursos es muy limitada. Por otra parte, el mecanismo que se establece hacia los profesores que no están en condiciones de recibir incentivos positivos –los profesores de asignatura, por ejemplo- es, en contraste, el empleo de incentivos negativos: recorte de la carga horaria, exigencia de entregar una gran cantidad de trabajo extra aula (como los “portafolios de evidencias”, informes, etc.) sin ninguna retribución económica, despidos, etc. En otras palabras, se trata de medidas punitivas que parecen responder a la bíblica “Parábola de los Talentos”: el que tiene más, recibe más; el que tiene menos, recibe menos.

No obstante, incluso la forma en cómo se han implementado los incentivos positivos no representa una mejora en la calidad educativa. Basta con que el docente o investigador cubra ciertos requisitos, concretamente, ciertas cantidades de ciertos rubros para poder obtener estos beneficios: número de clases impartidas, número de publicaciones anuales, número de asistencias a reuniones académicas, número de ponencias o conferencias, etc. En suma, para la obtención de estos incentivos basta con cubrir las cuotas exigidas por los burócratas. Mas la cantidad no supone calidad, y los órganos supervisores no contemplan más que criterios cuantitativos al momento de evaluar los informes de la producción académica. Impartir más clases no compromete a mayor calidad docente, ni producir una cantidad ingente de publicaciones no se traduce en que sean buenos artículos.

Nuevamente, las comparaciones son inevitables: en el socialismo real, los planificadores establecían ciertas cuotas de producción que los agricultores u obreros debían cubrir –como los planes quinquenales estalinanos-; por supuesto, la planificación se realizaba sin tomar en cuenta las preferencias de los consumidores o la dinámica de los mercados. Los trabajadores no tenían problemas en cubrir tales cuotas, pues tenían un salario garantizado y no se ofrecía ningún incentivo para producir excedentes, lo que a la larga condujo a la improductividad, mala calidad de los productos, apatía, etc.

Si bien en nuestro caso sí existe un cierto sistema de incentivos positivos, el problema es que está controlado por mecanismos burocráticos. Y los objetivos de la planificación burocrática, está claro, no son los mismos que los objetivos específicos de la actividad académica. Esto, lamentablemente, genera una dinámica donde la obtención de documentos y la realización constante de engorrosos trámites entorpecen el trabajo educativo, en vez de mejorarlo.

Todo lo anterior lo he planteado sin considerar un factor adicional: la corrupción. Si tomamos en consideración este factor, los problemas anteriores se agravan a la enésima potencia. Aunque la corrupción no es algo exclusivo del sector público, y se ha presentado tanto en las economías capitalistas como en las socialistas, la existencia de burocracias centralizadas estimulan y perpetúan muchas de estas prácticas. Y, como ya se ha visto, realizar recortes a mansalva desde el gobierno federal no parece resultar muy efectivo en el combate a la corrupción.

Como se puede ver, el problema no radica en una tendencia de la educación pública hacia el temible capitalismo, sino en la existencia de una gigantesca máquina burocrática que se asemeja demasiado a lo más crudo del socialismo. Desde luego, no pretendo plantear que la solución a los problemas educativos radique en privatizar la educación pública o manejarla como si fuese una empresa privada. Mi intención es plantear lo que, a mi juicio es uno de los problemas centrales: que la educación pública, desde que forma parte del Estado, supone la existencia de un sistema burocrático. Y este sistema hereda los problemas inherentes a toda burocracia.

Por ello, me parece que la discusión debería tener como un tema central el cómo hacer conciliar los intereses de administradores con los de los docentes. Quizás una de las vías sea la creación ciertos espacios efectivos de comunicación entre los trabajadores académicos y los funcionarios, para analizar las problemáticas específicas de la práctica docente, las condiciones de trabajo, entre otros muchos temas. Si la planificación es inevitable, por lo menos que no esté centralizada.

Uno de estos temas de discusión sería, retornando al tema de los incentivos positivos, acerca de si éstos se podrían lograr mediante beneficios extras al ingreso salarial o garantizando la obtención de nuevos nombramientos académicos (como los concursos de plazas nuevas o los programas para escalar a niveles superiores en las plazas). La discusión podría incluir ciertos consensos acerca de qué requisitos se podrían establecer en estos programas de incentivos. Ciertamente, también debería ser tema de discusión el asunto de la calidad académica, y en especial, la búsqueda de mecanismos para lograr la calidad en los productos de investigación.

Para concluir, quiero aclarar que no pienso que la burocracia sea exclusivamente la causa de nuestros problemas. Ante todo, no pretendo sugerir una visión maniquea donde los burócratas sean “los villanos” y los profesores “los buenos”; en este sentido, creo que también debemos los docentes asumir nuestra responsabilidad en el desastre educativo. En todo caso, asumiendo nuestras respectivas responsabilidades, sostengo que es necesario el diálogo entre las partes, lo cual incluye también al sector estudiantil, para discutir las posibles soluciones a estos grandes problemas.

Modificado por última vez en Sábado, 15 Febrero 2020 22:44
Luis Enrique Ortiz

(Oaxaca de Juárez, Oax./ 1979) es licenciado en filosofía y maestro en lingüística aplicada. Actualmente es profesor de tiempo completo asistente C del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, con reconocimiento de Perfil PROMEP, y miembro del Cuerpo Académico de Retórica, Lógica y Teoría de la Argumentación. Sus líneas de investigación son epistemología, filosofía del lenguaje, argumentación y lingüística.